En Cataluña ocurre y acontece sencillamente esto: unos núcleos más o menos numerosos de catalanes se insolidarizan del destino histórico de España y agrupan sus afanes en torno a un posible destino peculiar y propio de Cataluña. Todos los grupos que funcionan en Cataluña bajo el signo de la autonomía, desde los más radicales e intransigentes hasta los de más moderada tendencia autonomista, aparecen englobados y aludidos en esa misma frase. Les informa el mismo origen de insolidaridad. Plantean su problema no desde el punto de vista de una mayor eficacia y de una mayor grandeza española, del Estado español, sino desde el ángulo propio y reducido de Cataluña, como algo que se le plantea y presenta a España desde fuera.
La actitud y la réplica de los españoles
Bien sencillo sería para nosotros indicar la réplica que hubiésemos dado -y desde luego daremos- a ese problema que planteaban los núcleos autonomistas de Cataluña. Pero nos interesa aquí señalar antes las que otros dieron, las que han triunfado en la opinión española durante los últimos años, con anterioridad a la presencia política de la Falange de las JONS.
Apareció en España una tendencia favorable a las pretensiones autonomistas, y ahí está su triunfo en la Constitución de la República y en el Estatuto de Cataluña. Y hubo en lucha con ésa, otra diferente, unitaria, la popularizada en torno a Royo y al «ABC», que representan el unitarismo o centralismo liberal del siglo XIX.
Las consecuencias de la primera están visibles. Son el Estatuto triste y la rebeldía que ahora se inicia. Las de la segunda pueden alcanzar una gravedad aún mayor. Pues se adopta por los sectores menos combativos, que tienen de la política y de la vida nacional un sentido de paz, de respeto y de tolerancia liberal y democrática. Así acontece que su patriotismo unitario se convierte con facilidad en una cobarde y traidora resignación a que esos grupos autonomistas de tendencia disgregadora se alcen con su región y se declaren independientes. Nada harían en ese caso, sino resignarse. Es más, lo piden y solicitan como solución preferente a la del Estatuto. Es la actitud, repetimos que cobarde y traidora, de los que piden «fronteras, fronteras» y casi la del «ABC» en sus titulares famosas: «O hermanos o extranjeros».
¡Absurdo! Monstruoso. ¿Qué doctrina es ésa? Es sencillamente la misma de los separatistas: la del derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Aquella opción y aquel dilema son cosa intolerable e imposible. Cataluña es un trozo de España y el derecho a disponer del destino de Cataluña corresponde a los españoles todos. No puede ser suavizada y recortada una afirmación tan justa y evidente como ésa.
La disgregación de la Patria, la pérdida de su unidad, es, pues, algo que no tiene sentido sino como producto de una derrota.
El conflicto originado por la Ley de Cultivos
Naturalmente que lo que nos interesa ahora en esta página es enfrentarnos con la realidad más perentoria que se ofrece hoy a los españoles desde Cataluña.
El origen concreto del conflicto ha sido rebasado por los hechos posteriores y apenas tiene hoy interés alguno. No nos importa nada o muy poco el forcejeo en torno a si Cataluña puede o no legislar sobre esto y aquello. La realidad destacable e ineludible es ahora ésta: el episodio de la Ley de Cultivos. La polémica acerca de si corresponde o no a Cataluña hacer una ley así ha puesto al desnudo la tendencia hacia la rebeldía, hacia la insurrección antiespañola que caracteriza a los autonomistas de Cataluña.
Bien sabemos que la coyuntura elegida por Companys y la Generalidad es en algún aspecto favorable a sus designios. El haberla proporcionado es una de las torpezas y responsabilidades del Gobierno Samper. Además, encajan el momento y los propósitos con la movilización revolucionaria marxista en trance de estallido, con la hora de un Gobierno débil, que se encoge ante las decisiones de violencia, y también con una etapa depresiva del pueblo español, sin caudillos eficaces ni orientaciones de gran temple.
Pero es tan notoriamente obligada la intervención durísima, que es muy difícil que no gane el ánimo incluso de los más pacíficos y tolerantes personajes. Y desarmará asimismo los propósitos que mantienen quienes desde fuera de Cataluña desean ayudar de flanco la operación subversiva, traidora, que allí se fragua.
¡Hay que aplastar la rebeldía!
La subversión que tiende a desencadenarse en Cataluña no es de tipo revolucionario. Es decir, no equivale a la lucha porque en España predomine o triunfe esta política o la otra. Allí no es ésa la cuestión, aunque deseen presentarla así los grupos y partidos que operan hoy en España sin rubor ni vergüenza, de acuerdo con el separatismo catalán. Si allí hay algo que reprimir, no es una subversión revolucionaria contra el Estado, sino cosas todavía más graves: allí hay que reprimir una acción contra España, ni más ni menos que acontecería en una guerra con enemigo extranjero.
Se ventila no una guerra civil, que en ésta, al fin y a la postre, se pugna por apoderarse del timón de la Patria, sino algo peor, que no suele sobrevenir ni aun como consecuencia de desastres guerreros con potencias enemigas: la pérdida de territorio nacional.
En esas condiciones, surgida en Cataluña la declaración separatista, y a eso equivale la burla permanente de Companys y sus ministros hacia el Gobierno español y hacia las leyes españolas, el deber ineludible no puede ser otro que el de aplastar radicalmente la rebeldía.
La patria de los catalanes insolidarios
Toda la propaganda que se hace en Cataluña tiene lugar bajo un signo patriótico, de una patria catalana, claro es. El tono y los fervores con que revisten sus sueños políticos son de un nacionalismo absoluto. Ese es uno de los aspectos que denuncian la imposible conciliación en un plano de armonía con el destino común de España. No hay ni puede haber dos Patrias.
El vocabulario de los agitadores autonomistas y las frases y las imprecaciones con que exaltan o combaten a las gentes están informadas por una fe nacional catalana, por el hecho de reconocer a Cataluña como una Patria. Ahí está un reciente ejemplo de ello: hace breves días, el periódico órgano de Companys, en trance de calificar durísimamente a Cambó, como máximo insulto lo llamaba, quizá con justeza, «hombre sin Patria». He ahí, pues, unos hombres de izquierda, unos correligionarios en su actitud política, de estos otros que también como izquierdas actúan en la política española desligados y desprendidos de toda emoción nacional y de toda invocación profunda a la Patria española: los Azaña, Domingo, Prieto, etc. ¿Se concibe a esta sarta de traidores conceder a esa frase de «hombre sin Patria» categoría imprecatoria contra alguien?
Los auxilios a la rebeldía
Este último detalle descubre el carácter monstruosamente absurdo de que los hombres que dirigen lo que se llama grupos de izquierda amparen y protejan la insolidaridad catalana. Pero si tan cerca están de ellos, si tan identificados se muestran con ellos, ¿cómo no perciben que allí hay aliento patriótico catalán, que alimentan y sostienen unos sentimientos y una emoción política que luego, en el ancho campo nacional de España, aplicada a la majestuosa realidad de la Patria española, niegan y persiguen con furor? ¿Qué traidores impulsos operan en esa política?
Ahí ofrece la actualidad, en efecto, el espectáculo de que reciba Companys por parte de esos grupos alientos para proseguir su rebeldía. Azaña, en su discurso ¡a las juventudes! de su partido, declaró su identificación absoluta con la actitud rebelde, con la actitud separatista. Y Prieto, líder obrero (¡!), socialista, declaró con solemnidad en el Parlamento que las masas del socialismo apoyarían de un modo activo, revolucionario, la subversión de Companys. ¡Magnífico! Ahí está la farsantería adiposa de este indignante Prieto, comprometiendo la sangre obrera de España en un litigio de los «patriotas» catalanes. Ni una sola organización obrera de Cataluña ha hecho llegar a Companys una adhesión y un ofrecimiento de esa índole. Los obreros catalanes, que conocen de cerca el perfil del pleito, están justamente al margen de las pretensiones «burguesas» de los separatistas y hasta de las ventajas económicas a los arrendatarios ricos, que son entre los «rabassaires», dicho sea de paso, los más favorecidos en la famosa ley.
La incapacidad de las derechas
La ineptitud y la debilidad con que el Gobierno Samper ha hecho frente al conflicto son bien conocidas. No tanto la de los grupos derechistas comanditarios del radicalismo lerrouxista. Es nuestro deber denunciarla a los españoles. Las derechas, y nos referimos a Gil Robles y su CEDA, pues el grupo monárquico ha de estar necesariamente desplazado de las influencias decisivas, carecen de la densidad nacional que se requiere para enfrentarse con firmeza con problemas como el que plantea la rebeldía autonomista. No es Gil Robles más nacional que Azaña y por eso, si se ve obligado a exigir del Gobierno una cierta energía, se basa no en que se muestre disconforme con la realidad autonómica, sino porque, según el juego político de los partidos, sus intereses son opuestos a los de la Esquerra. En cambio, se entiende y se entenderá siempre bien con Cambó y su grupo, tan desligados de la ruta española como Companys, si no más.
A nadie puede extrañarle cuanto decimos acerca de estas características de la CEDA. Se construyó este bloque derechista y organizó Gil Robles su triunfo electoral sin la menor apelación a este gran problema de la unidad española en peligro. No invocó para nada, como una necesidad y un compromiso, el conseguir y conquistar la unidad de España.
A eso han llegado los representantes políticos de la mayoría de los católicos españoles: a no ser siquiera una garantía contra las fuerzas que laboran por la disgregación de España. Y eso, después de dos siglos en que han venido diciendo y repitiendo que España debe al catolicismo todo cuanto es y ha sido en la Historia, desde su unidad hasta su imperio y su cultura. Pues ahí están ahora esos currinches parlamentarios de Gil Robles, todos católicos, abandonando en manos del Gobierno Samper la solución del conflicto después de que éste ha dado durante veinticinco días el espectáculo de su encogimiento y debilidad.
Solución única: la nuestra
La unidad de España no puede ser mantenida, sostenida e impuesta sino por aquellos españoles, sean de izquierda, de derecha o de centro, que tienen de España la conciencia de que es una Patria y de que su destino histórico es el mismo que el que esa Patria alcance y tenga. Parece absurdo que esté encomendada la defensa de su unidad a gentes y grupos cuya fe en una robusta existencia nacional es sumamente precaria y a las que no alimenta sin duda en sus avatares políticos otras motivaciones que unos modestos deseos de que España siga rodando por la Historia lo mejor que pueda, unas pasioncejas personales y algún que otro frívolo sedimento de vanidad parlamentaria.
Por fortuna, surgen los incidentes como este de la Ley de Cultivos, porque la realidad es inocultable y asoma su rostro. Van transcurridos veinticinco días y todavía no están del todo enterados el Gobierno y sus apoyos en las Cortes de la verdadera categoría del problema. Semanas de fórmulas, juridicidad e ignorancia del deber que trae consigo el hecho de gobernar a España.
La utilización de la violencia para machacar la rebeldía no es ya una de las posibles soluciones: es la única solución de que dispone el Gobierno. Y ante eso no cabe vacilar. O la aplica o dimite, reconociéndolo así y dejando a otros la tarea de efectuarla.
Pues en este caso concreto a que ha dado origen la Ley de Cultivos, como en todo cuanto se relacione con las pretensiones autonomistas, hay un factor imprescindible, y es el de la autoridad de España. Siempre que esta autoridad sea auténticamente nacional, es decir, que emane de un régimen justo y fuerte y no se proyecte de un modo mostrenco sobre Cataluña, sino de un modo español, allí no hay ni puede haber problema.
Someter a Cataluña a una autoridad española no es tiranizar a Cataluña. Bien sabemos la falsedad y artificio de casi toda la base histórica y teórica sobre que se apoya la insolidaridad de los grupos rebeldes. Pero el pueblo de Cataluña, un gran sector de él por lo menos, está totalmente incontaminado y se sabe tan español como el que más.
Lo único y lo ultimo
Bordea los linderos de la traición o de la imbecilidad abrir en la Historia de España un proceso de disgregación. Después de cuatro siglos de unidad y de ser España la primera unidad nacional de la Edad Moderna. Y, no se olvide, después de varias insurrecciones catalanas vencidas, lo que prueba, si prueba algo en relación con el problema de hoy, que siempre se manifestaron allí grupos de fácil disposición a volverse de espaldas al destino español. Y si en nuestra época esos grupos se ensancharon y crecieron, ello no implica reconocerlo como legítimos, sino, al contrario, implica centuplicar el esfuerzo que pueda necesitarse para su derrota.
La unidad de España es lo único y lo último que nos queda como asidero para reconstruir a España como gran Nación. No es posible abandonar ese asidero último. Antes cualquier catástrofe, porque siempre será de grado inferior a ella.
Esta actitud nuestra no equivale ni mucho menos al centralismo tradicional. Admitimos y pediremos probablemente una serie de reformas que den al Estado español agilidad y eficacia robusta. Pero -y ésa es nuestra palabra- todo ha de hacerse en nombre de una eficacia del Estado, no para satisfacer rencores ni aspiraciones morbosas contra el Estado español. Pero de todo esto hay muy poco que hablar ahora.
En este momento sólo una consigna es lícita y el Gobierno Samper o quien sea puede disponer de nosotros para que tenga efectividad. La consigna es ésta: hay que aplastar la rebeldía.
(«JONS», n. 11, Agosto - 1934)
